Futuros diputados piden frenar la reforma fiscal y le ponen su primera gran prueba a Carlos Alvarado

Los futuros diputados del PLN y del PUSC piden al Gobierno y a los actuales legisladores no dejar lista ni aprobada la reforma fiscal que la administración de Luis Guillermo Solís propuso para evitar una crisis en las finanzas públicas, con lo cual le ponen su primera gran prueba al presidente electo, Carlos Alvarado.

 

Los congresistas entrantes reclaman su derecho a revisar el contenido del proyecto y a hacerle los cambios que consideren necesarios, por lo que no están dispuestos a que la Asamblea Legislativa actual les deje una reforma cocinada antes del 1°. de mayo, día en que asumen las curules.

 

El conflicto está en los plazos de trámite del proyecto, el cual se tramita mediante una vía rápida, un procedimiento especial que establece plazos máximos para la discusión de cambios y para la votación del texto.

 

La reforma ya salió de comisión (foro donde se forman las leyes) y ahora está en el plenario. Allí, el miércoles se abrió un único periodo para presentar mociones de cambio, el cual se cierra este jueves, para que sean discutidas en comisión a lo largo de dos días, la próxima semana.

 

Una vez cerrado ese trámite, no se podrán proponer nuevos cambios en plenario. Únicamente, se podrían reiterar mociones que hayan sido rechazadas antes de la votación.

 

El miércoles, 15 diputados presentaron 464 mociones y se prevé que, este jueves, el Gobierno plantee un texto sustitutivo para eliminar problemas como la posibilidad de que se cobre un 15% de impuesto a las ganancias de capital sobre las pensiones complementarias o que se cobre un IVA del 13% a las compras de productos por Internet.

 

Hacienda sostiene que pretende corregir esos problemas y los diputados actuales podrían aprobar los ajustes. Difícilmente le podrían dar primer debate, pero sí podrían cerrar el periodo de mociones y dejarle el texto listo a sus sucesores, sin espacio para más cambios.

 

Al respecto, los futuros diputados ya no se sienten confiados con el plan. Fracciones, como el Republicano Social Cristiano (PRSC) y el Partido Integración Nacional (PIN), han dicho votarían en contra.

 

Por ello, Carlos Ricardo Benavides, futuro jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), confirmó que el PLN está negociando un acuerdo para modificar la vía rápida, de manera que los próximos legisladores puedan modificar el proyecto.

 

Benavides ya le informó a la bancada actual de Liberación, a los voceros del presidente electo, Carlos Alvarado, y a los jefes de fracciones entrantes, principalmente Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional y PUSC.

 

Agregó que la vía para hacer los cambios es modificar la moción de vía rápida: “Estamos caminando en un acuerdo para que la próxima Asamblea vote una modificación a la vía rápida existente y que se abra un par de días para presentar mociones de fondo y al menos cuatro sesiones de la comisión especial, de forma tal que los nuevos diputados tengamos derecho de enmienda”.

 

El PLN también le pediría al nuevo gobierno una propuesta de medidas para la contención del gasto.

 

Por su lado, los congresistas electos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se resisten a votar una reforma fiscal ya definida.

 

“Nosotros lo que hemos dicho a la fracción actual es que debiera existir la posibilidad y el canal de poder hacer enmiendas si se requiere. Aún no existe un producto final. Si siguiera el primer debate, ya estaría amarrado el asunto. Hay que buscar la posibilidad de que los diputados entrantes podamos revisar el producto final heredado y hacer enmiendas si se requiere”, señaló Erwen Masís, futuro líder de la bancada socialcristiana.

 

Masís señaló que la reforma requiere de más ajustes en el gasto público, en especial en los incentivos y pluses que se otorgan a los empleados públicos, pero no precisó el alcance de los cambios que pretenden.

 

En tanto, Pablo Heriberto Abarca, también diputado electo del PUSC, dijo: “Estaría revisando el producto que llegue y si hay alguna cosa que no nos dejen modificar, no estaríamos de acuerdo. Se debe retirar el proyecto”.

 

Este miércoles, este medio intentó consultarle sobre lo que conversan las futuras fracciones legislativas al presidente electo, pero no fue posible hacerlo después de la reunión que sostuvo con el actual mandatario, Luis Guillermo Solís, en Casa Presidencial.

 

Alvarado ha dicho que la reforma fiscal es la prioridad número de uno de su próxima administración y, desde la campaña, llamó a aprobar el plan sin dilaciones, amén de la presión que ejercen organismos internacionales sobre el país para que se produzca un acuerdo fiscal.

 

La reforma fiscal crearía un impuesto sobre el valor agregado (IVA), con una tasa del 13% y una diferenciada del 4% para ciertos servicios, lo que implicaría gravar la mayoría de los servicios que se ofrecen en el país. Además, crea un impuesto de un 15% sobre las ganancias de capital y le pondría un límite de un 1,94% al porcentaje adicional que se le paga a los empleados públicos por cada año laborado.

 

El diputado Ottón Solís, hombre cercano al presidente electo, condenó las iniciativas del PLN y del PUSC y dijo que ya no se pueden poner más excusas para aprobar una reforma impopular pero necesaria.

 

Solís alegó que, de no aprobarse la reforma fiscal, aumentarán la inflación, la devaluación del colón y las tasas de interés, además de que el futuro Gobierno enfrentará peores problemas de liquidez.

 

El martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CODE) advirtió de que Costa Rica deben avanzar con la reforma fiscal si pretende ingresar a la organización.

 

Así se lo dijo Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, al presidente electo, Carlos Alvarado.

 

"Algunos comités dependen crucialmente de la aprobación de la legislación que está hoy en la Asamblea", dijo.

 

Explicó que la reforma es importante porque la estabilidad económica de un país es atractiva para los inversionistas y banqueros, y que hay que cambiar la trayectoria del crecimiento de la deuda.

 

El déficit fiscal actualmente equivale a un 6% del producto interno bruto (PIB), pero amenaza con crecer rápidamente a un 8%.

 

Fuente: La Nación, 19 de Abril del 2018 

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